Mes: abril 2015

La evaluación de políticas públicas no debe ser considerada como un fin en sí misma sino como un instrumento cuyo objetivo fundamental es la mejora de las políticas públicas y con ello de la gestión pública. Pero para ello, dependiendo de las circunstancias, se puede necesitar un tipo de información u otro y esto es lo que se debe definir al plantear una evaluación. Es decir, tener en cuenta los propósitos concretos que puede tener una evaluación facilita la toma de decisiones para emprender este tipo de proceso. Para establecer las funciones, fines o propósitos que se persiguen con la práctica de la evaluación se puede partir de las premisas que el UNEG de la ONU (2005) establece a este respecto en sus Normas de evaluación:

“Los propósitos de la evaluación incluyen comprender por qué y en qué medida se logran resultados intencionales y no intencionales, así como su impacto sobre las partes interesadas. (…). La evaluación contribuye asimismo, de manera significativa, a desarrollar conocimientos y al aprendizaje institucional. La evaluación es un agente del cambio importante que tiene una función esencial y creíble en apoyar la rendición de cuentas. (…) La evaluación alimenta los procesos de gestión y toma de decisiones y realiza una contribución fundamental a la gestión por resultados. (…) Su objetivo es mejorar la relevancia institucional y el logro de resultados, optimizando el uso de los recursos, ofreciendo satisfacción al cliente y maximizando el impacto de la contribución del sistema (…) Aunque la evaluación se utiliza para evaluar intervenciones, debería proveer valor agregado para que los procesos orientados a decisiones contribuyan a mejorar las actividades, proyectos, programas, estrategias y políticas presentes y futuros. Por consiguiente, la evaluación contribuye a la formulación de políticas institucionales, a la efectividad del desarrollo y a la efectividad organizacional”.

Tradicionalmente se han considerado tres funciones básicas o principales de la práctica de la evaluación de políticas públicas, establecidas por Stufflebeam y Shinkfield (1989, citados por, Bustelo Ruesta 2003) y que se ven reflejadas en la anterior cita. Estas tres funciones, tal cual fueron enunciadas son: improvement (perfeccionamiento o mejora), accountability (rendición de cuentas o responsabilidad) y enlightenment (ejemplificación o iluminación para acciones futuras). Esta lista de funciones básicas de la evaluación se ha ido ampliando con nuevas aportaciones de autores que plantean otros propósitos o fines perseguidos por la evaluación, aunque en muchos casos se puedan englobar en alguna de las tres citadas. De cualquier forma, a continuación se enumeran las principales funciones de la evaluación y una breve descripción, partiendo de las tres básicas o principales.

Improvement

• Perfeccionamiento, mejora del programa o política. Permite la retroalimentación y el aprendizaje sobre la propia práctica y garantiza la calidad del programa. Refuerza la atención en el contexto del programa, las necesidades y naturaleza de los destinatarios y de todos los agentes críticos (Baixauli Cubells 2014).
• Ayudar a tomar una decisión. Hay evaluaciones que tienen una función instrumental muy directa: se trata de dar información relevante a una persona o unidad que debe tomar una decisión determinada. Ya sea expandir un programa o recortarlo, reformarlo o dejarlo como está, introducir modificaciones correctivas en la implementación o seleccionar una versión de entre las varias con que se está implementando un programa o con componentes diferentes (Blasco, Subirats 2009).
• Utilizar la evaluación como instrumento de gestión. La gestión de políticas públicas a menudo debe lidiar con la carencia de evidencias sistemáticas sobre el funcionamiento y el rendimiento de los programas, lo cual dificulta la detección, la enmienda y la prevención de errores, y también la tarea de identificar, motivar y recompensar los éxitos. En este sentido, la evaluación se puede emplear como parte de un instrumento de gestión, con posibles aplicaciones que pasamos a exponer (Blasco, Subirats 2009).

Accountability

• Rendición de cuentas, responsabilidad sobre la gestión y resultados de un programa o política. La rendición de cuentas debe formar parte indiscutible del sistema democrático y debe darse a varios niveles, incluyendo de forma especial a la ciudadanía: el/la ciudadano/a tiene derecho a saber no sólo en qué se están empleando los fondos públicos sino también con qué grado de idoneidad, eficacia y eficiencia se están asignando, gestionando y empleando dichos fondos (Bustelo Ruesta 2003).
• Promover el uso racional de los recursos. Tomando como premisa que la evaluación no puede sustituir a la decisión política, sí puede aportar evidencias y análisis que aumenten la eficacia de la acción pública. Se aspira a reforzar la consistencia en la toma de decisiones, favoreciendo una mejor asignación de recursos y un mejor servicio, y en último término, una mayor productividad y competitividad de la economía así como mejoras en el bienestar (Pérez-Durántez Bayona 2008).
• Evaluación como generadora de información. La evaluación es una herramienta útil para satisfacer las exigencias de información y transparencia de cuantos actores participan en el proceso socioeconómico. Debe dar respuesta a las necesidades informativas: del poder legislativo y de la Administración, de los centros gestores de las actuaciones del programa y de la población en general (Osuna et al. 2000).
• Control administrativo, de legalidad y financiero. La práctica del control se ha tratado en entradas anteriores como algo diferente de la evaluación, pero como también se ha comentado, en ocasiones puede estar integrada dentro de la propia evaluación.
• Implementación de un requerimiento formal. Determinadas evaluaciones dan cumplimiento a condiciones de una subvención o de la normativa que regula el programa o la política pública. Estas evaluaciones, que podríamos denominar forzadas, corren un riesgo alto de irrelevancia, a no ser que la audiencia a quien van dirigidas (otras administraciones, órganos supervisores o legisladores) ejerzan activamente su función de control, o bien el promotor tiene la capacidad de conectarlas a las preocupaciones de gestores y decisores y aproveche la oportunidad para generar información con potencial adecuado de utilización (Blasco, Subirats 2009).

Enlightenment

• Ejemplificación, iluminación para acciones futuras. La evaluación contribuye a construir conocimiento desde los aportes teóricos, técnicos y metodológicos y orienta sobre un modo de afrontar los problemas sociales. Las evaluaciones arrojan una información sistemática que contribuye al “acervo científico”, no sólo de ese programa, servicio, o política concreta sino también del abordaje general de determinados problemas públicos (Bustelo Ruesta 2003).
• Contribuir al aprendizaje de la organización. La información y las recomendaciones de la evaluación a menudo no se utilizan inmediatamente. Hasta que se abre una oportunidad para el cambio, el aprendizaje acumulado en la organización permite gradualmente orientar adecuadamente las decisiones. En este caso, el propósito de la evaluación es la introducción de conceptos nuevos y alternativas nuevas, la comprobación de la veracidad de determinadas intuiciones y la detección de evidencias contra-intuitivas (Blasco, Subirats 2009).
• Técnica de reforma y modernización de las prácticas de la Administración. La evaluación debe proporcionar las herramientas necesarias para continuar el proceso de reforma y modernización de la Administración hacia una gestión más eficaz y eficiente en una sociedad democrática que exige transparencia en la gestión de los recursos públicos, sobre todo en un contexto de descentralización político-administrativo como el actual (Osuna et al. 2000).
• Conocimiento básico sobre las políticas públicas. Hay evaluaciones, especialmente las que son promovidas por instituciones académicas, que tienen el propósito de entender mejor el tipo de programa o el contexto que mejor funciona para cambiar las condiciones sociales. Esto les permite construir y contrastar teorías en diferentes ámbitos de las políticas públicas, las cuales, de forma indirecta, pueden contribuir a mejorar el diseño de programas (Blasco, Subirats 2009).
• Medio para la formación de los implicados en el programa. La evaluación debe ser entendida como un proceso de aprendizaje o formación; un instrumento para mejorar el conocimiento de los implicados en sus propios programas. Los responsables de estos aprenden a administrarlos, gestionarlos y adaptarlos a las necesidades del momento y del contexto, que se modifica constantemente (Osuna et al. 2000).