Como afirma el profesor Villoria Mendieta un buen gobierno, hoy en día, es aquél que cumple al máximo posible los requisitos de una democracia de calidad, cuya salud depende en gran medida de la existencia de un debate público informado sobre el funcionamiento y efectividad de sus instituciones de gobierno. Los términos eficiencia y eficacia, transparencia, participación o rendición de cuentas inundan los discursos de los decisores políticos, sobre todo en un año como el 2015 repleto de procesos electorales, en busca de la ansiada legitimidad de las instituciones públicas ante la ciudadanía, legitimidad perdida durante los últimos años, en gran medida por el abuso y la falta de ética y conciencia democrática de una parte de la clase política.

Esta situación, enmarcada en el contexto de una grave crisis económica y financiera, provoca la necesidad acuciante en el sector público de aplicar medidas que faciliten una reforma y aceleren la modernización de la gestión pública. Los proyectos de modernización de la administración pública para incrementar la eficacia y eficiencia de su funcionamiento, dotarlo de transparencia, facilitar la participación de la ciudadanía y servir de mecanismo de rendición de cuentas aparecen vinculados a la incorporación de nuevos sistemas de gestión, que de una manera u otra están relacionados con la evaluación de políticas públicas.

La evaluación de políticas públicas contribuye a todos estos objetivos, pues entre otras cosas, produce conocimiento que permite la mejora de las intervenciones públicas e informa y rinde cuentas a los ciudadanos. En este sentido, la evaluación debería ser reconocida y estar protegida como función indispensable de ese buen gobierno que debe cumplir todos los requisitos de una democracia de calidad. De hecho, algunos candidatos empiezan a reconocer este importante papel de la evaluación.

No obstante, eso no es suficiente para garantizar un progreso adecuado, el cual dependerá principalmente de una correcta estrategia de introducción, adaptada al contexto y dotada de instrumentos que impulsen una práctica efectiva y útil. El reconocimiento de la importancia de la evaluación de políticas públicas en cualquier país democrático no debe ser un fin sino un principio. Es necesario dar un paso más al control legal o formal e incluir el punto de vista de la evaluación, que debe integrarse en la gestión pública como una fase más en el ciclo de las políticas públicas. Tomando estas premisas como punto partida, el presente Grupo de Trabajo sugiere una reflexión acerca del grado en que en la administración estatal y sobre todo en la autonómica se lleva a cabo una efectiva política de evaluación. Cierto es que en los últimos años se ha avanzado tanto en el diseño institucional como en algunas aplicaciones, pero sigue quedando mucho camino por recorrer para que la evaluación constituya un verdadero instrumento de apoyo a la toma de decisiones en España.

En este sentido, en este Grupo de Trabajo se busca mostrar las experiencias respecto a la definición y el avance de estrategias para el impulso e institucionalización de la evaluación de políticas públicas en España y sus diferentes comunidades autónomas. Se trata, por tanto, de sintetizar las principales lecciones aprendidas sobre la aplicación de las estrategias de institucionalización de la evaluación a nivel estatal pero sobre todo a nivel autonómico, a partir de las iniciativas de las CC. AA., algunas de las cuales se han convertido en cierto modo en las pioneras en la práctica de la evaluación de políticas públicas.

Entidad/Institución

 Sociedad Española de Evaluación.

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Este GT da continuidad al Grupo de Trabajo 2013-P07. Evaluación de políticas públicas: institucionalización, metodologías y estudios de caso celebrado en 2013