Publicación de los dos tomos de «La fiesta de Moros y Cristianos en el mundo»

El Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú acaba de publicar la monumental obra en dos tomos, «La fiesta de Moros y Cristianos en el mundo», a la que he tenido el honor de aportar uno de los capítulos iniciales, «Las fiestas de Moros y Cristianos: un fenómeno global». La publicación ha sido editada y coordinada por la Dra. Milena Cáceres Valderrama, autora de numerosas publicaciones sobre la fiesta de moros y cristianos en el Perú, con la colaboración de Juan Antonio Alcaraz Argente, gran conocedor de la dimensión internacional de estas fiestas sobre la que lleva investigando desde hace décadas desde su Ontinyent natal.

A ambos me una una relación que va más allá de la puramente académica o científica, pues con ambos he tenido la oportunidad de compartir momentos de ambiente festero, que son esos momentos en los que, entre los amantes de esta fiesta, se establecen unos lazos que perduran para siempre. Pocos fenómenos son capaces de crear estos vínculos entre personas. Por ello, la oportunidad de participar en esta obra colectiva es doblemente especial para mí.

Por una parte, se trata de una publicación en la que, gracias a la capacidad de convocatoria de Milena y Juan Antonio, se ha conseguido reunir a más de 40 de los mayores expertos internacionales en el ámbito de la investigación sobre las representaciones festivas de moros y cristianos, muchos de los cuales son, adicionalmente, buenos amigos. Se trata de, en palabras de Demetrio Brisset, «el más internacional esfuerzo colectivo por estudiar este fenómeno multicultural, de hondas raíces y plena vitalidad» y, sin duda alguna, desde ya, esta será una obra de referencia obligada en el área de estudio y un elemento esencial en la búsqueda del tan ansiado reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es, por tanto, un orgullo el poder formar parte de la misma.

Y por otra parte, es especialmente satisfactorio que Milena confiara en mi para escribir el capítulo inicial en el que mostrar una síntesis de aquella información existente sobre la extensión geográfica de las fiestas, a partir de lo aportado por los principales autores dedicados a la investigación del fenómeno, la mayoría de ellos incluidos en la propia obra colectiva, añadiendo, además, información sobre ciertas representaciones puntuales menos conocidas.

A todo ello hemos de añadir la generosidad del Instituto Riva- Agüero, que además de financiar el proyecto que da origen a esta obra, la publica en formato de acceso libre, fomentado el intercambio de conocimiento. Así, en los siguientes enlaces se pueden descargar los dos tomos que componen la compilación de trabajos:

Por último, es para mi también motivo de orgullo que, entre las valiosas aportaciones incluidas en la obra, se encuentre un capítulo dedicado a la figura del «Angelet», personaje festero particular de Muro, mi localidad natal. El capítulo es obra de Joan Josep Pascual Gisbert, la persona que más ha hecho por recuperar y preservar la historia de las fiestas de Moros y Cristianos en la población, por lo que se trata de un reconocimiento merecido a un personaje tan propio como el «Angelet», pero también al trabajo hecho por el autor durante tantos años.

«El modelo Demola como herramienta de política pública para impulsar la colaboración en innovación: un estudio comparativo entre Finlandia y España»

Technology in Society es una revista científica internacional de alto impacto, centrada en analizar el cambio tecnológico y sus repercusiones en la transformación social, económica, empresarial y filosófica del mundo que nos rodea. El objetivo de la revista es proporcionar estudios que permitan a los tomadores de decisiones participar de manera reflexiva en este proceso. Pues bien, el comité editorial de la revista, tras un exigente proceso de revisión ha aceptado publicar el artículo The Demola model as a public policy tool boosting collaboration in innovation: A comparative study between Finland and Spain, en el que colaboro con el profesor Dr. Mikko Rask de la Universidad de Helsinki y con la profesora Dra. María de Miguel de la UPV.

El punto de partida del trabajo es la revisión de las políticas públicas de nueva generación de ciencia, tecnología e innovación, que se definen por su orientación a misiones y por los procesos de co-creación para su diseño. También su implementación debe basarse en colaboraciones público-privadas dinámicas y transformadoras que tengan en cuenta a todos los actores implicados. Hasta ahora, la experiencia de los países europeos en el intento de impulsar la cooperación en innovación revela experiencias muy diferentes entre ellas. Más allá de algunos factores contextuales, las características de los agentes involucrados, la dinámica de sus relaciones y el diseño de las herramientas de colaboración tienen una influencia crítica en el éxito de este tipo de políticas. Este trabajo tiene como objetivo identificar estos factores organizativos en diferentes contextos a través del análisis del modelo Demola, una plataforma de innovación universidad-industria creada en Finlandia y que se ha extendido a otros países, entre ellos España. Demola aplica un modelo estandarizado pero presenta diferencias en su funcionamiento en función de la capacidad de colaboración en cada sistema nacional de innovación. En nuestro caso de estudio, hemos comparado Finlandia y España, teniendo en cuenta las características de los agentes implicados y sus relaciones. Los resultados del estudio muestran que la estructura institucional de la colaboración y la cultura organizacional de cada institución son factores clave en su funcionamiento y, por tanto en el éxito de las políticas.

«La economía colaborativa y el servicio de taxi: avanzando hacia nuevos modelos de negocio en España»

La revista científica Research in Transportation Business & Management, acaba de publicar on-line un artículo en el que he tenido el gusto de colaborar con las profesoras María de Miguel y Blanca de Miguel y que lleva por título, The collaborative economy and taxi services: Moving towards new business models in Spain.

La economía colaborativa plantea nuevos modelos de negocio a través de plataformas digitales que compiten con servicios que tradicionalmente han sido altamente regulados. Este es el caso del sector del taxi. Los nuevos modelos de negocio que han surgido en el transporte privado de pasajeros, se basan principalmente en las oportunidades de personalización proporcionadas por el Big Data. El modelo de negocio tradicional seguido por el sector del taxi está teniendo dificultades para adaptarse a estos cambios para seguir siendo competitivos. En este documento, analizamos la necesidad de plantear estos problemas a través de un modelo de gobernanza en el que todos los interesados pueden expresar sus opiniones, tratando de lograr soluciones basadas en el consenso para una desregulación real. Para lograr este consenso, el gobierno deberá desempeñar un papel crucial, a pesar del hecho de que recientemente ha transferido la toma de decisiones a los gobiernos regionales y locales.

«La reputación en los rankings o fuera de ellos» en Defender la Democracia (Valencia: Tirant lo Blanch, 2020)

La editorial Tirant lo Blanch acaba de publicar la obra colectiva «Defender la Democracia», en la que tengo el gusto de firmar junto a Maria De Miguel y Carlos Ripoll Soler el capítulo «La reputación en los rankings o fuera de ellos». En el enlace se puede consultar toda la información relativa a la publicación y a continuación está accesible una vista previa de la misma:

Evaluación del impacto del Coronavirus: ¿serán eficaces las políticas públicas que se están desarrollando en España ante esta crisis global?

Este artículo fue publicado por el Diario de la Evaluación el 23/03/2020 junto a la opinión de otros expertos respecto de las políticas y actuaciones públicas que se están poniendo en marcha frente a la pandemia del COVID-19, aún en fase de expansión, y que serán objeto de evaluación en los próximos años.

Los efectos que la pandemia del Covid-19 va a tener en todos los ámbitos de la sociedad están por determinar, pero en general estamos todos de acuerdo en que serán muy importantes. Los que, obviamente, nos preocupan más a corto plazo son aquellos que afectan a nuestra salud y consecuentemente a la capacidad de nuestros sistemas sanitarios para atender a todas aquellas personas que lo necesiten, y ante los que la práctica totalidad de los gobiernos han planteado determinadas medidas. Estas medidas van en la línea del aislamiento de los casos positivos, el confinamiento domiciliario, el cierre de centros educativos, suspensión de ciertas actividades y medidas de distanciamiento social más o menos restrictivas. Pues bien, un trabajo publicado por el Imperial College de Londres (https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf), realizado por expertos en epidemiología del Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics (J-IDEA), en el que se evalúa la eficacia de estas medidas en base a la evidencia de sus resultados en ciertos países y de proyecciones sobre los datos en la evolución de la expansión del virus, concluye que se trata de medidas no solo eficaces sino absolutamente necesarias para reducir sensiblemente el número de muertes. Se trata de un artículo de muy interesante lectura que ha conseguido, que por ejemplo, Boris Johnson y su gabinete se replanteen su irresponsable estrategia de inacción frente al coronavirus, que podría llevar a alcanzar el medio millón de muertos en el Reino Unido. Estamos ante un ejemplo claro del papel que la evaluación de políticas puede desempeñar como herramienta para la toma de decisiones.

Por otra parte, estas medidas de control de la enfermedad tienen a su vez un impacto tremendo en la economía. China, por ejemplo, que ha conseguido frenar el avance del virus a través de estrictas y duras medias de confinamiento y distanciamiento social, ha visto como su producción industrial, ventas y nivel de inversión se han desplomado en porcentajes que rondan el 20% en ciertos casos y su PIB puede verse reducido entre un 10% y un 20% respecto a enero y febrero de 2019. Este escenario se repetirá según los expertos en aquellos países que hemos seguido la estela de China en cuanto a las medidas de control sanitario. La intervención de los gobiernos es por tanto necesaria para paliar los efectos económicos del coronavirus. Ahora bien, valorar la eficacia de las medidas económicas propuestas por el gobierno en este sentido, de la misma forma como se pueden evaluar las medidas de tipo sanitario es bastante más difícil. En ese contexto, el sanitario, nos movemos en un escenario tal vez más controlable a nivel local pero ante una economía globalizada, la mayor o menor eficacia de las políticas que adopten los gobiernos puede depender en gran medida de una respuesta común tanto a nivel europeo como global. Medidas como demorar el pago de las cuotas de las hipotecas, ayudar a las empresas para que no despidan trabajadores, autorizar ERTEs en determinadas condiciones y sufragar una buena parte de los costes con dinero público, es probable que ayuden a paliar a corto plazo los efectos de la grave crisis económica que parece que se avecina, pero en el medio plazo cabe tener en cuenta el coste que todo ello puede tener para las arcas públicas. En este sentido, la evaluación de proceso y el seguimiento de las medidas propuestas para ir adaptándolas a la evolución de la situación puede ser crucial para gestionar la citada crisis de la mejor manera posible.

«La regeneración del sistema. Reflexiones en torno a la calidad democrática, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción.»

Como resultado del I Congreso Internacional sobre Calidad Democrática, Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción celebrado en Valencia en noviembre de 2014, la Asociación Valenciana de Politólogos AVAPOL,  ha publicado, junto con la Universidad Cardenal Herrera – CEU, el libro:

libro
Pueden descargarlo haciendo click sobre el título o la fotografía.

En esta obra se conjuga el pensamiento de catedráticos, con el de librepensadores y jóvenes en formación; las propuestas de cargos electos, con las de simples amantes de la política. Pero, en todos los casos, el objetivo, más allá de elaborar una radiografía, un simple diagnóstico de la situación, era –y creemos que se ha conseguido- la de aportar elementos para el debate y, sobre todo, propuestas de futuro.

El libro cuenta con la participación de autores de la talla de Carles Ramió Matas, Manuel Villoria Mendieta o Manuel Martínez Sospedra, con los que tengo el enorme orgullo de compartir publicación con mi trabajo «La necesidad de la evaluación de políticas públicas como herramienta de impulso a la calidad democrática».

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Convocatoria Ponencias: VI Congreso Internacional GIGAPP2015. Grupo de Trabajo P05: «La evaluación de las políticas públicas en España en el 2015 electoral»

Bajo el título «Nuevos caminos para la gobernanza en Iberoamérica» el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) junto con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) convoca a investigadores, profesores, estudiantes, servidores públicos y miembros de la sociedad civil de Iberoamérica a presentar propuestas de ponencia y comunicaciones.

El Congreso Internacional del GIGAPP que se celebra anualmente en Madrid desde 2010, ha logrado constituirse en uno evento de referencia dentro de la comunidad iberoamericana de investigadores académicos, estudiantes y/o funcionarios públicos en las áreas temáticas de gobierno, administración y políticas públicas.

En el seno del Congreso y con el apoyo de varias organizaciones amigas (de ámbito nacional e internacional, así como algunos organismos multilaterales), se ha construido y consolidado la Comunidad GIGAPP, una red abierta y creciente compuesta ya por más de 700 investigadores de América Latina, España y Portugal, y por más de 20 organizaciones con las que se han suscrito varios convenios y alianzas estratégicas para impulsar proyectos e iniciativas de investigación, docencia y extensión académica.

Como novedades, este año tendremos varias sesiones plenarias especiales y abriremos el Espacio GIGAPP para que miembros de nuestra Comunidad puedan presentar libros y otros avances y productos de investigación.

Llamado a Propuestas de Ponencias (Call for Papers 2015)

41 Grupos de Trabajo conformados en las áreas temáticas de gobierno, instituciones y comportamiento político, administración y gestión pública, y análisis de políticas públicas.
http://gigapp.org/index.php/grupos-de-trabajo-aceptados

Acceso a la Convocatoria y normas para participar
http://gigapp.org/index.php/convocatoria-ponencias-2015

El plazo para presentar propuestas finaliza el 24 de mayo 2015. Los documentos definitivos deberán enviarse antes del 31 de agosto 2015.

El VI Congreso GIGAPP se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2015.

Contacto: Comité Organizador #GIGAPP2015
email: congreso2015@gigapp.org

Twitter:  @GIGAPP

Hasthag: #GIGAPP2015
Web: www.gigapp.org

Grupo de Trabajo P05: La evaluación de las políticas públicas en España en el 2015 electoral

Área Temática:
3. Políticas Públicas
Coordinadores del Grupo de Trabajo o proyecto:

Descripción:

Como afirma el profesor Villoria Mendieta un buen gobierno, hoy en día, es aquél que cumple al máximo posible los requisitos de una democracia de calidad, cuya salud depende en gran medida de la existencia de un debate público informado sobre el funcionamiento y efectividad de sus instituciones de gobierno. Los términos eficiencia y eficacia, transparencia, participación o rendición de cuentas inundan los discursos de los decisores políticos, sobre todo en un año como el 2015 repleto de procesos electorales, en busca de la ansiada legitimidad de las instituciones públicas ante la ciudadanía, legitimidad perdida durante los últimos años, en gran medida por el abuso y la falta de ética y conciencia democrática de una parte de la clase política.

Esta situación, enmarcada en el contexto de una grave crisis económica y financiera, provoca la necesidad acuciante en el sector público de aplicar medidas que faciliten una reforma y aceleren la modernización de la gestión pública. Los proyectos de modernización de la administración pública para incrementar la eficacia y eficiencia de su funcionamiento, dotarlo de transparencia, facilitar la participación de la ciudadanía y servir de mecanismo de rendición de cuentas aparecen vinculados a la incorporación de nuevos sistemas de gestión, que de una manera u otra están relacionados con la evaluación de políticas públicas.

La evaluación de políticas públicas contribuye a todos estos objetivos, pues entre otras cosas, produce conocimiento que permite la mejora de las intervenciones públicas e informa y rinde cuentas a los ciudadanos. En este sentido, la evaluación debería ser reconocida y estar protegida como función indispensable de ese buen gobierno que debe cumplir todos los requisitos de una democracia de calidad. De hecho, algunos candidatos empiezan a reconocer este importante papel de la evaluación.

No obstante, eso no es suficiente para garantizar un progreso adecuado, el cual dependerá principalmente de una correcta estrategia de introducción, adaptada al contexto y dotada de instrumentos que impulsen una práctica efectiva y útil. El reconocimiento de la importancia de la evaluación de políticas públicas en cualquier país democrático no debe ser un fin sino un principio. Es necesario dar un paso más al control legal o formal e incluir el punto de vista de la evaluación, que debe integrarse en la gestión pública como una fase más en el ciclo de las políticas públicas. Tomando estas premisas como punto partida, el presente Grupo de Trabajo sugiere una reflexión acerca del grado en que en la administración estatal y sobre todo en la autonómica se lleva a cabo una efectiva política de evaluación. Cierto es que en los últimos años se ha avanzado tanto en el diseño institucional como en algunas aplicaciones, pero sigue quedando mucho camino por recorrer para que la evaluación constituya un verdadero instrumento de apoyo a la toma de decisiones en España.

En este sentido, en este Grupo de Trabajo se busca mostrar las experiencias respecto a la definición y el avance de estrategias para el impulso e institucionalización de la evaluación de políticas públicas en España y sus diferentes comunidades autónomas. Se trata, por tanto, de sintetizar las principales lecciones aprendidas sobre la aplicación de las estrategias de institucionalización de la evaluación a nivel estatal pero sobre todo a nivel autonómico, a partir de las iniciativas de las CC. AA., algunas de las cuales se han convertido en cierto modo en las pioneras en la práctica de la evaluación de políticas públicas.

Entidad/Institución

 Sociedad Española de Evaluación.

Grupos de Trabajo GIGAPP relacionados

Este GT da continuidad al Grupo de Trabajo 2013-P07. Evaluación de políticas públicas: institucionalización, metodologías y estudios de caso celebrado en 2013

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Funciones, fines o propósitos de la evaluación

La evaluación de políticas públicas no debe ser considerada como un fin en sí misma sino como un instrumento cuyo objetivo fundamental es la mejora de las políticas públicas y con ello de la gestión pública. Pero para ello, dependiendo de las circunstancias, se puede necesitar un tipo de información u otro y esto es lo que se debe definir al plantear una evaluación. Es decir, tener en cuenta los propósitos concretos que puede tener una evaluación facilita la toma de decisiones para emprender este tipo de proceso. Para establecer las funciones, fines o propósitos que se persiguen con la práctica de la evaluación se puede partir de las premisas que el UNEG de la ONU (2005) establece a este respecto en sus Normas de evaluación:

“Los propósitos de la evaluación incluyen comprender por qué y en qué medida se logran resultados intencionales y no intencionales, así como su impacto sobre las partes interesadas. (…). La evaluación contribuye asimismo, de manera significativa, a desarrollar conocimientos y al aprendizaje institucional. La evaluación es un agente del cambio importante que tiene una función esencial y creíble en apoyar la rendición de cuentas. (…) La evaluación alimenta los procesos de gestión y toma de decisiones y realiza una contribución fundamental a la gestión por resultados. (…) Su objetivo es mejorar la relevancia institucional y el logro de resultados, optimizando el uso de los recursos, ofreciendo satisfacción al cliente y maximizando el impacto de la contribución del sistema (…) Aunque la evaluación se utiliza para evaluar intervenciones, debería proveer valor agregado para que los procesos orientados a decisiones contribuyan a mejorar las actividades, proyectos, programas, estrategias y políticas presentes y futuros. Por consiguiente, la evaluación contribuye a la formulación de políticas institucionales, a la efectividad del desarrollo y a la efectividad organizacional”.

Tradicionalmente se han considerado tres funciones básicas o principales de la práctica de la evaluación de políticas públicas, establecidas por Stufflebeam y Shinkfield (1989, citados por, Bustelo Ruesta 2003) y que se ven reflejadas en la anterior cita. Estas tres funciones, tal cual fueron enunciadas son: improvement (perfeccionamiento o mejora), accountability (rendición de cuentas o responsabilidad) y enlightenment (ejemplificación o iluminación para acciones futuras). Esta lista de funciones básicas de la evaluación se ha ido ampliando con nuevas aportaciones de autores que plantean otros propósitos o fines perseguidos por la evaluación, aunque en muchos casos se puedan englobar en alguna de las tres citadas. De cualquier forma, a continuación se enumeran las principales funciones de la evaluación y una breve descripción, partiendo de las tres básicas o principales.

Improvement

  • Perfeccionamiento, mejora del programa o política. Permite la retroalimentación y el aprendizaje sobre la propia práctica y garantiza la calidad del programa. Refuerza la atención en el contexto del programa, las necesidades y naturaleza de los destinatarios y de todos los agentes críticos (Baixauli Cubells 2014).
  • Ayudar a tomar una decisión. Hay evaluaciones que tienen una función instrumental muy directa: se trata de dar información relevante a una persona o unidad que debe tomar una decisión determinada. Ya sea expandir un programa o recortarlo, reformarlo o dejarlo como está, introducir modificaciones correctivas en la implementación o seleccionar una versión de entre las varias con que se está implementando un programa o con componentes diferentes (Blasco, Subirats 2009).
  • Utilizar la evaluación como instrumento de gestión. La gestión de políticas públicas a menudo debe lidiar con la carencia de evidencias sistemáticas sobre el funcionamiento y el rendimiento de los programas, lo cual dificulta la detección, la enmienda y la prevención de errores, y también la tarea de identificar, motivar y recompensar los éxitos. En este sentido, la evaluación se puede emplear como parte de un instrumento de gestión, con posibles aplicaciones que pasamos a exponer (Blasco, Subirats 2009).

Accountability

  • Rendición de cuentas, responsabilidad sobre la gestión y resultados de un programa o política. La rendición de cuentas debe formar parte indiscutible del sistema democrático y debe darse a varios niveles, incluyendo de forma especial a la ciudadanía: el/la ciudadano/a tiene derecho a saber no sólo en qué se están empleando los fondos públicos sino también con qué grado de idoneidad, eficacia y eficiencia se están asignando, gestionando y empleando dichos fondos (Bustelo Ruesta 2003).
  • Promover el uso racional de los recursos. Tomando como premisa que la evaluación no puede sustituir a la decisión política, sí puede aportar evidencias y análisis que aumenten la eficacia de la acción pública. Se aspira a reforzar la consistencia en la toma de decisiones, favoreciendo una mejor asignación de recursos y un mejor servicio, y en último término, una mayor productividad y competitividad de la economía así como mejoras en el bienestar (Pérez-Durántez Bayona 2008).
  • Evaluación como generadora de información. La evaluación es una herramienta útil para satisfacer las exigencias de información y transparencia de cuantos actores participan en el proceso socioeconómico. Debe dar respuesta a las necesidades informativas: del poder legislativo y de la Administración, de los centros gestores de las actuaciones del programa y de la población en general (Osuna et al. 2000).
  • Control administrativo, de legalidad y financiero. La práctica del control se ha tratado en entradas anteriores como algo diferente de la evaluación, pero como también se ha comentado, en ocasiones puede estar integrada dentro de la propia evaluación.
  • Implementación de un requerimiento formal. Determinadas evaluaciones dan cumplimiento a condiciones de una subvención o de la normativa que regula el programa o la política pública. Estas evaluaciones, que podríamos denominar forzadas, corren un riesgo alto de irrelevancia, a no ser que la audiencia a quien van dirigidas (otras administraciones, órganos supervisores o legisladores) ejerzan activamente su función de control, o bien el promotor tiene la capacidad de conectarlas a las preocupaciones de gestores y decisores y aproveche la oportunidad para generar información con potencial adecuado de utilización (Blasco, Subirats 2009).

Enlightenment

  • Ejemplificación, iluminación para acciones futuras. La evaluación contribuye a construir conocimiento desde los aportes teóricos, técnicos y metodológicos y orienta sobre un modo de afrontar los problemas sociales. Las evaluaciones arrojan una información sistemática que contribuye al “acervo científico”, no sólo de ese programa, servicio, o política concreta sino también del abordaje general de determinados problemas públicos (Bustelo Ruesta 2003).
  • Contribuir al aprendizaje de la organización. La información y las recomendaciones de la evaluación a menudo no se utilizan inmediatamente. Hasta que se abre una oportunidad para el cambio, el aprendizaje acumulado en la organización permite gradualmente orientar adecuadamente las decisiones. En este caso, el propósito de la evaluación es la introducción de conceptos nuevos y alternativas nuevas, la comprobación de la veracidad de determinadas intuiciones y la detección de evidencias contra-intuitivas (Blasco, Subirats 2009).
  • Técnica de reforma y modernización de las prácticas de la Administración. La evaluación debe proporcionar las herramientas necesarias para continuar el proceso de reforma y modernización de la Administración hacia una gestión más eficaz y eficiente en una sociedad democrática que exige transparencia en la gestión de los recursos públicos, sobre todo en un contexto de descentralización político-administrativo como el actual (Osuna et al. 2000).
  • Conocimiento básico sobre las políticas públicas. Hay evaluaciones, especialmente las que son promovidas por instituciones académicas, que tienen el propósito de entender mejor el tipo de programa o el contexto que mejor funciona para cambiar las condiciones sociales. Esto les permite construir y contrastar teorías en diferentes ámbitos de las políticas públicas, las cuales, de forma indirecta, pueden contribuir a mejorar el diseño de programas (Blasco, Subirats 2009).
  • Medio para la formación de los implicados en el programa. La evaluación debe ser entendida como un proceso de aprendizaje o formación; un instrumento para mejorar el conocimiento de los implicados en sus propios programas. Los responsables de estos aprenden a administrarlos, gestionarlos y adaptarlos a las necesidades del momento y del contexto, que se modifica constantemente (Osuna et al. 2000).

El concepto de evaluación de políticas públicas

El concepto de evaluación tiene muchas y variadas acepciones y ha evolucionado a lo largo de tiempo, existiendo distintos matices en función con el objeto de estudio y con el objetivo de la actividad de evaluación. De hecho, la disciplina de evaluación proviene de los países anglosajones, donde aparece bajo la rúbrica de dos acepciones sinónimas: assessment, cuyo uso se refiere a personas y evaluation, cuyo uso está referido a referido a políticas, intervenciones, programas, proyectos, etc… En español no se han mantenido estas distinciones de la lengua inglesa y se ha impuesto, con carácter general, tanto para personas como para cosas, el término evaluación. Así, se puede hablar de evaluación de una situación, evaluación del desempeño o del rendimiento, evaluación de los alumnos (ámbito educativo), evaluación económica, evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo, evaluación de fondos europeos, evaluación de gobernanza, evaluación de calidad y, como no, de evaluación de políticas públicas.

Pero en cualquier caso, la disciplina de la evaluación va bastante más allá de la acepción genérica y común que se puede atribuir comúnmente al término. No en vano, la actividad de evaluación viene respaldada por décadas de práctica y por un notable volumen de literatura económica, social y política.

Tal y como hace Pérez-Durántez (2008), tal vez la mejor forma de definir el concepto de evaluación sea empezar por decir lo que no es o no debería de ser. En el contexto de la acción pública, desde luego la evaluación no debería ser un mero trámite adicional, más burocracia que añadir a la gestión pública. La evaluación no es una forma de medir o una colección de indicadores definidos aleatoriamente. La evaluación tampoco es un control de legalidad, ni fiscalización, ni una auditoría, ni una investigación, ni un seguimiento; aunque esté íntimamente relacionada con estas técnicas y en muchas ocasiones pueda integrarlas.

Entonces ¿cómo se puede definir la evaluación? Existen múltiples aproximaciones teóricas al concepto pero tal vez una buena opción sea revisar como definen la evaluación precisamente quienes evalúan, aquellos organismos referentes en el ámbito de la evaluación. En este sentido, se pueden tener en cuenta, por ejemplo, a las unidades de evaluación[1] de la ONU, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) o del Grupo del Banco Mundial a nivel internacional; a la Comisión Europea, a nivel regional; o AEVAL a nivel nacional.

Una de las definiciones de evaluación más ampliamente aceptadas, es la que ofrece la OCDE (2002) según la cual, la evaluación es la

“apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y donantes. La evaluación también se refiere al proceso de determinar el valor o la significación de una actividad, política o programa”.

La aceptación de esta definición es muy amplia, pues se trata, sin duda alguna, de una definición que recoge muchos aspectos y matices de la evaluación. Un aspecto importantes que habla de apreciación, lo que implica la presencia de un cierto juicio de valor en el proceso de evaluación, algo fundamental pues, como afirma Merino Cuesta (2010) sin juicio de valor no hay evaluación, siempre que se trate de un juicio elaborado a través de un proceso cognitivo riguroso, que implique la movilización de un aparato crítico coherente y lo más pertinente posible. Al calificar esa apreciación de sistemática, la convierte en un proceso formalizado y respetuoso con una deontología particular que la distingue de trabajos afines. Define como objeto de la evaluación cualquier tipo de intervención y además en cualquier momento de la vida de la misma y también establece unos criterios de evaluación (pertinencia, logro de los objetivos, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad), fundamentales porque determinan los referentes para establecer el juicio de valor y enfocar la evaluación en un sentido determinado.

Tomando como base la definición de evaluación de la OCDE pero desarrollándola un poco más, la ONU (2005) la define como

“una valoración, lo más sistemática e imparcial posible, de una actividad, proyecto, programa, estrategia, política, tópico, tema, sector, área operativa, desempeño institucional, etc. Incide principalmente sobre los logros esperados y alcanzados, examinando la cadena de resultados, los procesos, los factores contextuales y la causalidad, a fin de entender los logros o la ausencia de éstos. Su objetivo es determinar la relevancia, el impacto, la efectividad, la eficiencia y la sostenibilidad de las intervenciones y contribuciones de las organizaciones (…). Una evaluación debe suministrar información basada en evidencia que sea creíble, fiable y útil, facilitando la incorporación oportuna de los hallazgos, recomendaciones y lecciones en los procesos de toma de decisiones de las organizaciones (…)”.

La Comisión Europea, a través de los trabajos realizados por Monnier y Toulemonde (1999) para su programa MEANS, definía la evaluación como el

“juicio sobre el valor de una intervención pública con referencia a criterios y normas explícitos (por ejemplo, su pertinencia, su eficiencia). Dicho juicio se refiere principalmente a las necesidades que han de satisfacerse por la intervención y los efectos producidos por la misma. La evaluación se basa en información especialmente recogida e interpretada para producir el juicio de valor”.

Vemos que, ya en este caso se insistía en la necesidad de existencia de un juicio de valor y también en la importancia de la definición de unos criterios de evaluación.

Para finalizar este recorrido de definiciones del concepto de evaluación se presenta la de AEVAL (2010), que define la evaluación de políticas públicas como

“un proceso integral de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de una intervención pública, norma, programa, plan o política, que permita alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto a su diseño, puesta en práctica, efectos, resultados e impactos. La finalidad de la evaluación es ser útil a los decisores y gestores públicos así como a la ciudadanía “.

A través del recorrido a las diferentes definiciones planteadas podrían establecerse una serie de características y requisitos que debería cumplir la evaluación:

  • Las evaluaciones de las políticas públicas pueden referirse a distintas fases de una intervención pública: diseño, implementación, resultados e impacto.
  • Los mejores resultados se obtienen si se adopta una perspectiva integral, que contemple las distintas fases, y concibiendo la evaluación como una práctica institucional habitual.
  • Debe garantizarse un proceso de generación de conocimiento sistemático y razonado, apoyado en evidencias, incluyendo un juicio valorativo.
  • El juicio valorativo debe realizarse sobre la base de unos criterios explícitos (como pueden ser la eficacia, eficiencia, sostenibilidad o cohesión social entre otros) y con una finalidad de utilidad práctica que ayude a mejorar las decisiones políticas.
  • La metodología de evaluación facilita el proceso de conocimiento y avala sus conclusiones.
  • El proceso de evaluación debe aspirar a promover cambios en las intervenciones públicas que en última instancia reviertan en una mejora para los ciudadanos.

Además de los requisitos planteados, en el proceso de evaluación destaca la necesidad de una buena planificación, gestión y difusión de las evaluaciones. Un diálogo efectivo con retroalimentación con los gestores de las políticas y los solicitantes de la evaluación es uno de los puntos esenciales, pues promueve que estos actores se sientan identificados con la evaluación y por tanto acepten las conclusiones y consideren la aplicación de las recomendaciones de la evaluación (Pérez-Durántez Bayona 2008).

A modo de resumen, se muestra a continuación una definición de evaluación de políticas públicas, propuesta por Merino Cuesta (2010), un tanto compleja pero que recoge la práctica totalidad de aspectos reflejados en el presente apartado:

“La evaluación de políticas públicas se concibe como un proceso institucional que deberá adoptarse en todas las fases de la intervención pública, aplicando métodos sistemáticos y rigurosos de recogida de información, con el énfasis puesto en la comprensión integral de relación con los objetivos trazados, a fin de servir, tanto al aprendizaje y a la mejora gerencial de los servicios públicos como a la estrategia sobre decisiones futuras, fundamentándose este proceso sobre el juicio de valor respecto a la acción pública evaluada y basándose en criterios establecidos por los principales actores implicados, con la finalidad última de mejorar la sociedad y rendir cuenta de la acción pública a la ciudadanía”.

[1] Las organizaciones internacionales, por su gran tamaño, cuentan con unidades de evaluación que en cada caso tienen una denominación específica y unas funciones determinadas. Las particularidades respecto del tipo de evaluación que llevan a cabo, definida por las funciones y objetivos que cada una de ellas tiene, pueden verse reflejadas en ciertos aspectos de sus normas, estándares, principios, criterios o guías metodológicas. En cualquier caso, convencionalmente, toda esta documentación ha servido y sirve de referencia a muchas de las organizaciones y administraciones de nivel estatal e inferior para la teoría y práctica de la evaluación en sus ámbitos territoriales o sectoriales.

Las políticas públicas y su ciclo

Las sociedades actuales exigen, cada vez con más fuerza, respuestas de los gobiernos ante los problemas sociales y las nuevas necesidades que surgen en entornos muy complejos. Esto supone uno de los mayores retos a los que se enfrentan hoy en día los responsables públicos, teniendo en cuenta que la transparencia y la responsabilidad deben convertirse en el eje básico de toda acción política y que la austeridad y la eficiencia son la base de una buena gestión y una obligación en un contexto de crisis económica como el actual.

Los síntomas de esos problemas sociales a los que se ha hecho referencia, son el punto de partida de la toma de conciencia sobre la necesidad de una política pública como respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad social que es juzgada como políticamente inaceptable. Es decir, tal y como establecen Subirats et al. (2012), toda política pública apunta a la resolución de un problema público reconocido como tal en la agenda gubernamental. Pero no todos los problemas sociales generan respuestas gubernamentales en forma de políticas públicas, aunque la falta de respuesta o inacción también podría considerarse como una política pública teniendo en cuenta que para Dye (2013)una política pública es lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer”.

De cualquier forma, como se apuntaba, ciertos problemas no generan necesariamente políticas públicas, sobre todo porque no están articulados debido a la falta de visibilidad de sus consecuencias, por la falta de voz o representación política de los afectados o porque sus efectos serán observables únicamente a largo plazo. También existe la posibilidad de que las alternativas de intervención pública no sean viables o no gocen del consenso necesario. Por otra parte, ciertas políticas públicas pueden interpretarse no como una acción colectiva para tratar de resolver un problema social, sino como un instrumento para el ejercicio del poder. Por tanto, como afirma Subirats et al (2012) se debe situar al Estado “en un punto intermedio entre la visión del Estado-ventanilla neutro y atento a todas las reivindicaciones sociales, y la del Estado cautivo y manipulado por un grupo organizado”. En definitiva, se podría decir que el volumen total de problemas que preocupan a la sociedad es más amplio que el de problemas que reciben atención por parte de las administraciones públicas. No todos los problemas detectados tienen la misma prioridad para los decisores públicos y sólo algunos de ellos tienen la entidad suficiente para convertirse en problemas públicos y pasar por tanto a formar parte de la agenda política (Tamayo Sáez 1997). Se convierten los problemas, de esta forma, en construcciones políticas cuya conceptualización dependerá de la percepción e intereses de los diferentes actores que participen en el proceso de definición de los mismos.

Establecido el momento en que un proceso de cambio o inestabilidad social se convierte en un problema ante el que debe responder el sistema político-administrativo, se puede definir la política pública, siguiendo a Subirtas et al. (2012) como

“una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos[1] (cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían) a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendentes a modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales)”.

Desde esta perspectiva de las políticas públicas como el conjunto de decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar unos determinados problemas, puede entenderse que existe un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema (Tamayo Sáez 1997). Los diferentes autores definen varias etapas dentro del proceso o ciclo de las políticas públicas, que se pueden concretar en cuatro etapas básicas dentro de las cuales, en algún caso, se podría hablar de fases internas. En la Figura 1 se muestra el ciclo de políticas pública definido tras revisar diferentes propuestas, cuyas etapas se comentan a continuación.

ciclo

Figura 1: El ciclo de las políticas públicas. Fuente: Elaboración propia.

  • Etapa de definición del problema, que a su vez estaría dividida en la fase de surgimiento e identificación del problema y la fase de incorporación del problema a la agenda política. En la fase de surgimiento, una determinada situación produce una serie de efectos tales como una necesidad, colectiva, una carencia o una insatisfacción que se puede identificar o bien directamente o a través de ciertos elementos que la hacen visible. Una vez identificado el problema, la incorporación del mismo a la agenda política, dependerá del tratamiento político que se le dé, en función de la percepción que los decisores públicos tengan del mismo por su mayor o menor presencia en los media, el conocimiento científico que se tenga del mismo, la difusión de informaciones, el lobbying, la visibilidad de los afectados, etc… (Subirats et al. 2012)
  • Etapa de diseño de la política pública, dividida del mismo modo que la anterior en dos fases:
    • Fase de formulación de alternativas. Una vez definido el problema, deben plantearse una serie de objetivos y metas relevantes a alcanzar, a partir de los cuales iniciar la búsqueda de alternativas (instrumentos y procesos), que debe pasar por examinar todas las soluciones posibles para el logro de las metas planteadas y analizar las consecuencias para cada alternativa de política con su probabilidad de ocurrencia.
    • Fase de decisión de la alternativa más adecuada. Con las diferentes alternativas planteadas, el siguiente paso sería compararlas teniendo siempre presentes los objetivos y metas previamente definidas y elegir la solución cuyos resultados proporcionan un mayor alcance de los mismos, mayores beneficios con costos iguales o menores costos con beneficios iguales[2].
  • Etapa de implementación de la política pública. En esta etapa se ponen en marcha y se ejecutan las alternativas o soluciones seleccionadas en la etapa anterior. Se lleva a cabo la secuencia programada de acciones[3] definidas en busca de los objetivos planteados. Generalmente se identifican dos modelos de implementación:
    • Implementación como un proceso de abajo‐arriba (bottom‐up): El énfasis se desplaza hacia el punto de prestación del servicio: lo que ocurre cuando la entidad encargada de prestar un determinado servicio es determinante para el éxito o el fracaso de la política pública.
    • Implementación como un proceso de arriba‐abajo (top‐down): Consiste en que una vez adoptada la decisión, ésta es ejecutada por las unidades administrativas correspondientes.
  • Etapa de evaluación de la política pública. La evaluación se constituye como parte fundamental del ciclo de las políticas públicas pues funciona como retroalimentación del proceso ya que la intervención pública no concluye con la evaluación de sus resultados, sino que ésta puede dar lugar a una nueva definición del problema que originó el ciclo. En definitiva, la evaluación pretende determinar los resultados y los efectos de una intervención pública.

El ciclo o proceso de las políticas públicas establece, en definitiva, el camino de la acción pública y si se tiene en cuenta que Mény y Thoenig (1992) definen el análisis de políticas públicas como el estudio de la acción de los poderes públicos en el seno de la sociedad, se deduce que la evaluación, que forma parte del ciclo, está incluida dentro del campo de estudio del análisis de políticas públicas. Esta idea es compartida por una gran parte de los autores que se han especializado en el tema, en gran medida por el carácter multidisciplinar del análisis de políticas públicas. Wildavsky (1980) por ejemplo, afirma:

“El análisis de políticas públicas es un campo aplicado cuyos contenidos no pueden precisarse a través de lo que serían los limites propios de las disciplinas científicas, sino que será la naturaleza del problema planteado la que determinará los instrumentos que será necesario utilizar”.

Sin embargo, aunque la evaluación es una disciplina intrínsecamente unida al análisis de las políticas públicas, hasta el punto que forma parte de su corpus doctrinal (Ruiz Martínez 2012), en los últimos tiempos, la evaluación ha ido ganando relevancia como área de estudio particular, cuyo objeto de conocimiento es la acción pública, entendida ésta como el conjunto de decisiones, el proceso por el que se adoptan y su materialización. De hecho, Subirats et al. (2012) distinguen tres grandes corrientes del análisis de políticas públicas que persiguen finalidades diferentes sin ser por ello mutuamente excluyentes. La primera corriente de pensamiento relaciona el análisis de políticas públicas y la Teoría del Estado; la segunda se centra en el funcionamiento de la acción de los poderes públicos; la tercera y de más reciente desarrollo, se centra en explicar los resultados de la acción pública y sus efectos en la sociedad basándose en los objetivos que persigue y/o a sus efectos indirectos o no previstos, situándose claramente en la perspectiva de la evaluación.

[1] En el desarrollo de una política pública interviene una variedad de actores, gubernamentales y no gubernamentales. Los actores gubernamentales pueden pertenecer a uno o varios niveles de gobierno y administración: local, regional, estatal o europeo. Los actores no gubernamentales (como sindicatos, iglesias, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etc.) también pueden operar en distintos ámbitos: local, regional, estatal, europeo o internacional.

[2] Respecto del proceso de toma de decisiones que tiene lugar en esta etapa del ciclo de las políticas públicas, es importante considerar los diferentes enfoques existentes. Tradicionalmente se considera siempre un modelo racional tradicional de toma de decisiones pero el propio Simon (1957, citado por Tamayo Sáez 1997) concluyó que la aplicación del modelo racional puro de adopción de decisiones es impracticable en la realidad debido a la presencia de una serie de limitaciones que merman las capacidades del decisor. Lindblom (1959, citado por Parrado Díez 2007) propuso una interpretación distinta a la del modelo racional sobre cómo es el cambio y cuánto cambian las organizaciones. Su propuesta inició la escuela del incrementalismo. La base del incrementalismo se encuentra no en las metas ideales de la organización sino en las políticas presentes de la organización. A partir de ellas, los responsables públicos adoptan decisiones que suponen cambios incrementales o marginales. Como consecuencia, sólo se revisan unas cuantas alternativas y consecuencias, dado que las políticas actuales condicionan las soluciones incrementales susceptibles de ser practicadas.

[3] Respecto del proceso o ciclo de las políticas públicas, es interesante hacer un comentario a tener en cuenta. Se ha comentado que en la etapa de diseño de la política pública se plantean una serie de alternativas compuestas de instrumentos y procesos, es decir, se define el conjunto de acciones que se implementarán en la siguiente etapa. Es obvio por tanto, que toda política debe ser instrumentalizada para poder ser ejecutada. Esto significa, que una política pública podrá estar a su vez integrada por planes o programas (dependiendo del alcance de la misma) y que dentro de esos planes o programas se definirán una serie de proyectos o de actuaciones públicas. En muchas ocasiones, es complicado delimitar la frontera entre grandes programas públicos y políticas, pero teniendo en cuenta que la evaluación, desde su origen, y particularmente en el mundo anglosajón, ha estado ligada a programas (Merino Cuesta 2010), aquellas referencias que se hacen a evaluación de programas se pueden entender como sinónimo de evaluación de políticas aunque en realidad existan ciertos matices diferenciadores.